Fiscalía Anticorrupción: muchos números, pocos resultados
En Morelos, alrededor del 85% de la población considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes. Ante esta realidad, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción debería ser una de las instituciones más transparentes y sujetas al escrutinio ciudadano.
Sin embargo, desde junio de 2025 hemos presentado 42 solicitudes de información para conocer el estado de las carpetas de investigación, cuántas fueron judicializadas y cuántas concluyeron con sentencias condenatorias o absolutorias.
La respuesta ha sido una negativa reiterada. Incluso se ha dicho que pretendemos acceder a las carpetas de investigación, lo cual es falso. Nunca hemos solicitado nombres, declaraciones, pruebas ni datos personales. Pedimos únicamente información estadística que permita evaluar el desempeño de la institución.
El lunes 17 de agosto, la Fiscalía publicó en su cuenta de Facebook una “Bitácora mensual de resultados y acumulados”. Es positivo que por fin haya comenzado a difundir algunos datos. El problema es que la publicación presenta principalmente actividades, no resultados.
La Fiscalía informa que durante julio judicializó 100 carpetas y que, entre mayo de 2025 y julio de 2026, se judicializaron 514. También reporta 539 audiencias atendidas entre enero y julio de 2026. Además, enumera nueve actividades adicionales: 504 denuncias iniciadas en atención temprana, 1,711 asesorías, 1,249 órdenes de investigación trabajadas, 4,120 actos de investigación, 7,043 trámites diversos, 3,937 oficios tramitados, 1,529 atenciones en unidades móviles y 3,141 atenciones personalizadas.
Son muchos números. Pero esos números no responden la pregunta principal: ¿La Fiscalía está siendo efectiva para combatir la corrupción? Tramitar un oficio no significa resolver una investigación. Atender una audiencia no significa ganarla. Realizar un acto de investigación no significa que se obtuvieron pruebas suficientes. Judicializar una carpeta tampoco significa que una persona fue vinculada a proceso y mucho menos que recibió una sentencia condenatoria. La judicialización es apenas una parte del camino.
Para conocer la eficacia real de la Fiscalía necesitamos saber qué sucede desde que se presenta una denuncia hasta que el caso concluye. Por eso debe informar cuántas carpetas tiene pendientes, cuántas fueron determinadas y cuánto tiempo llevan sin resolverse. También debe transparentar sus propias determinaciones: ejercicios de la acción penal, abstenciones de investigar, archivos temporales, no ejercicios de la acción penal, criterios de oportunidad, incompetencias, remisiones a otras autoridades, acumulaciones y reaperturas de carpetas.
En los casos judicializados, debe informar el número de personas imputadas, las órdenes de aprehensión solicitadas, concedidas, negadas, cumplimentadas y pendientes de ejecutar. También necesitamos saber cuántas personas fueron vinculadas a proceso y cuántas no; cuántas medidas cautelares solicitó y cuántas fueron concedidas; cuántos casos continúan en investigación complementaria; cuántas acusaciones se presentaron y cuántos asuntos llegaron realmente a juicio.
Resulta indispensable conocer los resultados finales: sentencias condenatorias, absolutorias y firmes; procedimientos abreviados; sobreseimientos; acuerdos reparatorios; suspensiones condicionales; apelaciones ganadas y perdidas, y resoluciones revocadas mediante amparo.
Hay otra información todavía más importante: el daño económico. ¿Cuánto dinero público presuntamente fue desviado? ¿Cuántos bienes y cuentas fueron asegurados? ¿Cuánto se ordenó pagar como reparación del daño? ¿Cuántos recursos fueron efectivamente recuperados y regresaron a las instituciones públicas?
Una Fiscalía Anticorrupción no puede medir su éxito por el número de oficios o trámites realizados. Debe rendir cuentas sobre su capacidad para investigar, demostrar los delitos, sancionar a los responsables y recuperar los recursos públicos. La bitácora representa un primer paso, pero sólo muestra actividad institucional. No permite medir eficacia ni saber si está disminuyendo la impunidad.
En un estado donde la percepción de corrupción ronda el 85%, la opacidad de la institución encargada de combatirla no es un asunto menor. La falta de resultados alimenta la desconfianza y manda un mensaje peligroso: que cometer actos de corrupción puede no tener consecuencias.
Si en verdad queremos que Morelos sea mejor, debemos dejar atrás la simulación. Necesitamos instituciones que rindan cuentas no solamente de lo que hacen, sino de lo que consiguen.