La farsa del Sistema Anticorrupción en Morelos.

Controlar las instituciones públicas que auditan y castigan la corrupción es una de las acciones prioritarias para los gobernadores y diputados locales. No importa si hay que eliminar y crear nuevamente las instituciones, no importa si hay que invertir más en el congreso, no importa si hay que violar la ley…

El Sistema Anticorrupción de Morelos está compuesto por titulares de 8 instituciones públicas que son:

  1. Instituto de Transparencia (IMIPE)
  2. Comité de Participación Ciudadana (CPC)
  3. Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF)
  4. Contraloría de Cuernavaca
  5. Contraloría del Gobierno Estatal
  6. Tribunal de Justicia Administrativa (TJA)
  7. Fiscalía Anticorrupción
  8. Tribunal Superior de Justicia (TSJ)

La autonomía o independencia en las decisiones de cada una de ellas es una farsa. Para ello, hay que revisar los antecedentes:

Los Comisionados del IMIPE son elegidos por las cuotas y cuates de los partidos políticos en el Congreso, hasta ahora con afiliación al PRD, PRI y PAN como la actual comisionada.

Al llegar a sus cargos, pagan favores a los legisladores contratando a familiares o renta de inmuebles como oficinas de la institución. Hoy, el IMIPE navega en la inoperancia, con una Comisionada que miente en el atraso de los recursos de revisión, que no hace nada por transparentar el uso de recursos en la contingencia, que gasta recursos en ¡hamburguesas y helados! que ha dejado olvidadas las denuncias por incumplir en la publicación de información de la Plataforma Nacional de Transparencia y que detesta el gobierno abierto. Ahora encuentra respaldo en los aliados del ejecutivo.

El Comité de Participación Ciudadana surgió de una necesidad de representación ciudadana, que finalmente terminó representándose así mismo por cuatro de los cinco comisionados: Roberto Coranguez y Edgar López con su propuesta (opaca) de terna para el Secretario Técnico; y Penélope Picasso con Alejandro Enríquez, quienes traicionaron sus propios principios y palabras para actuar al igual que Roberto y Edgar, engañando a la única comisionada (Juana Damiana Herrera) que ha defendido la transparencia en el CPC. Si ya habían manifestado su postura de transparencia, ¿quién o qué los hizo cambiar de opinión?

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización que ha sido destruida y creada en dos ocasiones (2008 ASG y 2015 ASF) para ajustarse a los intereses de los gobernadores en turno, apoyados por los legisladores locales (propuesta de la Diputada Lucía Meza, 25 de Febrero de 2015, para extinguir la Auditoría Superior de Fiscalización y crear la ESAF).

Hoy está capturada desde el Congreso y el ejecutivo en la figura de su presidente: Alfonso Sotelo y aliados, con 18 meses sin titular. Mientras la Auditoría Federal estima que se pueden recuperar en Morelos más de 14 mil millones de pesos de los últimos 20 años, la auditoría local ha dejado que prescriban auditorías millonarias y no da muestras de transparencia y profesionalismo.

Para autorizar la aprobación del legislativo de permitir la llegada de César Santana Nava en la Contraloría Estatal, fue necesario que los legisladores “violaran la constitución”. En el periódico oficial Tierra y Libertad número 5643 del 17 de octubre de 2018, puede corroborarse que el hoy secretario de la Contraloría no cumple los requisitos del artículo Constitucional 84 bis que dice: “deberá contar con cinco años de experiencia en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades…” El currículum público y el que se encuentra en el mismo periódico, dan muestra que César Santana no cuenta con la experiencia señalada en la constitución, pero tuvo la suerte de ser el Titular de la Unidad de Transparencia de Cuernavaca en la administración del hoy gobernador. El 2019 fue el año con menos sancionados (en los últimos 8) por la contraloría, con tan solo una persona sancionada.

El Tribunal de Justicia Administrativa al igual que la Fiscalía Anticorrupción, fueron creados y asignados de forma opaca por la 52 legislatura. El 10 de junio de 2015, de forma anticipada al mandato federal, Lucía Meza y Javier Bolaños presentaron una iniciativa (hecha por Graco Ramírez) para la creación del Sistema Anticorrupción y logrando el reparto de cargos dos días antes de concluir su legislatura.

Así en el Tribunal de Justicia Administrativa llegaron aliados del PRD y PAN, en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, fue designado Juan Salazar Núñez, ex Consejero Jurídico de Graco Ramírez y quien muy probablemente redactó la creación del Sistema Anticorrupción, para continuar hoy por varios años más en el cargo y con un claro conflicto de interés con el ex Gobernador y compañeros de gabinete. Recordamos también que incluso eligieron un Comité de Participación Ciudadana que fue eliminado porque se realizó de forma indebida a lo aprobado a nivel nacional.

El Tribunal Superior de Justica ha demostrado su división al interior, se han denunciado ineficiencias, nepotismo y corrupción al interior del Poder Judicial, que hoy se mantiene inoperante e impune.

¿Cómo puede creerse el combate a la corrupción en Morelos? ¿Cómo puede creerse la autonomía y profesionalismo de las instituciones? La aplicación de la ley parece aplicarse sólo contra quienes no estén en el poder en turno, a favor de quien controla los recursos.

Ningún partido, gobernante y legislador ha aceptado el daño que le causan a la sociedad con el reparto de cargos, se dicen diferentes y resultan peores, buscan controlar los organismos de auditoría y sanción para cubrir su corrupción, la de sus amigos y aliados. Hoy el Sistema Anticorrupción está dividido en dos bloques, los elegidos en tiempos de Graco y los que respaldan desde el Congreso y el Ejecutivo.

Así, seguirá siendo una farsa el combate a la corrupción. ¡Pobre Morelos!

¿Qué tanto está trabajando el Gobernador de Morelos?

¿Conoces el trabajo que el Gobernador de Morelos ha realizado desde que tomó las riendas del Estado? Es momento de analizarlo por ti mismo.

Con información de la oficina de la gubernatura de Morelos, el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas analizó los días en los que el Gobernador de Morelos tuvo actividad o eventos en su primer año de gobierno (1 oct 18 al 30 sep 19).
De los 365 días revisados, en 207 días no tuvo actividad (57%), en 100 días tuvo al menos un evento o actividad (27%) y en 53 días tuvo de 2 a 4 eventos al día (16%).
La mayoría de los días en los que tuvo actividad, sus eventos o actividades comienzan a las 10 am. 
El mayor número de eventos, así como visitas a los municipios fue para realizar giras de agradecimiento.
Y por último, la mayor parte de las actividades han sido dirigidas a Cuernavaca, otorgando a los pequeños municipios y comunidades, la mínima atención.
Morelos Rinde Cuentas recomienda: 
  • Publicar de forma proactiva la agenda del Gobernador y su gabinete, de tal forma que permita observar y evaluar su presencia, trabajo y cercanía con las comunidades y sus realidades.
  • Anteponer eventos y actividades que contribuyan a alcanzar los objetivos de desarrollo del estado, por encima del número de eventos que generalmente implican gastos o traslado de personal de gobierno o de las propias comunidades
Aquí te compartimos el reporte de análisis y propuestas, así como la solicitud y respuesta de la Gubernatura.
Rendir cuentas es responsabilidad del gobierno, exigir es tu derecho.

 

El ayuntamiento de Cuernavaca niega acceso a información pública

El día de ayer, miércoles 31 de mayo, el equipo de Morelos Rinde Cuentas se presentó en las oficinas de predial del Ayuntamiento de Cuernavaca para conocer de manera directa los campos de la base de datos del catastro. Sin embargo, el Ayuntamiento de Cuernavaca impidió el acceso a la información pública. Con argumentos absurdos que denotan un desprecio por la ciudadanía y la transparencia, el funcionario de nombre Francisco Javier Ávila Payán, jefe de departamento del padrón de contribuyentes, intentó engañar a los investigadores. En vez de mostrar el nombre de los campos de la base de datos del predial, solo mostró el menú del sistema. 

Morelos Rinde Cuentas solicitó el acceso a la información desde julio de 2016, ante la ausencia de respuesta del Ayuntamiento, el 29 de agosto de 2016 el centro de investigación presentó un recurso de revisión ante el Instituto Morelense de Información Pública (IMIPE). Cinco meses después, el IMIPE exigió al Ayuntamiento de Cuernavaca que se permitiera consultar la información  directamente y la cita se programó para el miércoles 31 de mayo a las 13 horas. No obstante, el Ayuntamiento no cumplió con el mandato del IMIPE. La negativa al acceso a la información ha sido constante,  y por lo que es momento de que el IMIPE sancione al Ayuntamiento.

Despojos democráticos

Los diputados del Congreso de Morelos –con excepción de diez (tres del PAN, cuatro del PRI, una de Nueva Alianza, uno de Encuentro Social y uno del partido Humanista) — aprobaron reformas electorales que implican serios retrocesos democráticos.

1.       No consultaron a la ciudadanía. Como si los asuntos electorales fueran exclusivamente de incumbencia de los partidos políticos, la reforma electoral que regirá el proceso electoral del 2018, solo fue discutida entre diputados y el instituto electoral. Ni un foro, ni consulta con los especialistas ni nada, simplemente, en lo oscurito hicieron las nuevas reglas.

2.        Incrementaron el presupuesto de los partidos políticos. A través del artículo 26, fracción 7 se eleva 6% el dinero para los partidos políticos en Morelos:

“VII. Recibir del Instituto Morelense, por concepto de prerrogativa de representación política, el seis por ciento adicional de su financiamiento público, conforme a lo establecido en el inciso d) del artículo 30 de este Código;”

3.       Quitaron 10 diputados y 28 regidores a nivel estatal. Lo que a primera vista parece un beneficio no lo es, pues, por un lado, no hay ninguna garantía de que el dinero ahorrado en salarios sea destinado a alguna actividad productiva, por el otro, le dificulta la participación a los candidatos independientes; ahora se requieren más votos para ganar y eso también significa más dinero.

Además, al tener menos espacios, los partidos van a privilegiar a sus élites internas en perjuicio de nuevos cuadros que podrían oxigenar y democratizar la toma de decisiones.

Artículo: La pequeña diferencia

Vera Sisniega Aspe

Está en curso un nuevo capítulo de la ya muy larga y trágica historia de la Ley de Participación Ciudadana de Morelos. Como usted sabe, estimado lector, en marzo se abrogó la ley  vigente y los legisladores se dieron un plazo de treinta días —tras la publicación de la reforma— para aprobar una nueva.  
Solo hasta estos días, cuando está a punto de concluir el  plazo, la Comisión de Participación Ciudadana, presidida por el diputado Edwin Brito, invitó a la ciudadanía a revisar la propuesta.  La premura para la revisión del proyecto de ley es el mejor ejemplo de la visión que priva en los legisladores y, en general, en todos los funcionarios y autoridades  sobre la participación ciudadana. 
Es decir, dialogar y consultar a la ciudadanía es un requisito y no parte esencial del trabajo de un representante popular, la razón de ser, la esencia misma de su función. Solo así se entiende que, casi tres meses después de la eliminación de la Ley de Participación Ciudadana, sea hasta ahora que se realice una mesa con la sociedad organizada; unos cuantos días antes de la fecha límite para su aprobación. 
No solo eso sino las propuestas que,  de manera sustentada ha puesto la sociedad desde hace meses para ser consideradas en el dictamen, están siendo totalmente ignoradas. El Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas presentó el mes pasado un estudio sobre los consejos consultivos ciudadanos. 
La organización encontró que existen al menos 400 instancias de participación establecidas en diferentes leyes, pero que no operan correctamente pues es la misma autoridad la encargada de elegir a las personas que integrarán estos espacios y echarlos a andar. 
Por eso, el centro propone que sea el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) quien tenga la responsabilidad de hacer las convocatorias para la integración de estos espacios y elija a los ciudadanos más capaces y no a los amigos de los funcionarios. Y no solo eso sino también que el IMPEPAC tenga la facultad de sancionar a las autoridades que no constituyan órganos de participación ciudadana o no respeten la participación ciudadana. 
Esa es la pequeña diferencia entre otros capítulos de la historia de la ley de participación y esta nueva etapa, ahora existe una institución especializada en participación ciudadana. No solo eso, en Morelos no creo que exista una dependencia con mayor credibilidad que el IMPEPAC. 
Hay que recordar que el Instituto está conformado por ciudadanos que, a diferencia del resto de los funcionarios públicos del estado, fueron seriamente examinados. Los consejeros del IMPEPAC pasaron exámenes teóricos, tuvieron que hacer ensayos, varias entrevistas, es decir, un proceso transparente, donde los ciudadanos pudimos ver las calificaciones de cada uno. 
 Así que los ciudadanos podemos confiar en que el IMPEPAC defenderá nuestros  derechos y nuestra participación. Si hay algún árbol al que nos podemos arrimar es justamente éste. Ahora hay que darle dientes y atribuciones generosas para que nos pueda defender y garantizar la participación ciudadana. Lograr lo anterior sería realmente dejar atrás la trágica historia de la participación ciudadana en Morelos y dar un paso adelante.

Participación Ciudadana efectiva en nueva Ley

Ciudadanos y organizaciones sociales pedimos a los Diputados del Congreso de Morelos, incluir los mecanismos  de participación ciudadana en nuestra constitución e incluir la revocación de mandato.

El 15 marzo pasado, los Diputados eliminaron de la Constitución de Morelos los mecanismos de participación, siendo esto un atentado a los Derechos de los Morelenses.

En los próximos días, los Diputados votarán una nueva Ley, por los que es fundamental que escuchen las exigencias ciudadanas y se construya esta nueva Ley a través del diálogo y convenio ciudadano